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martes, 9 de septiembre de 2014

Brasil, La corrupción pone en peligro la reelección de Dilma Rousseff

Petrobras
Petrobras ha perdido gran parte de su valor en el mercado durante los últimos años.
Primero fue la compra, supuestamente irregular, de la Refinería de Pasadena en Estados Unidos, y ahora entró en el escenario un esquema de corrupción. Ambas denuncias conciernen a Petrobras, la mayor empresa estatal de Brasil y una de las grandes petroleras internacionales. Puestas durante meses en baño maría, el nuevo estallido de revelaciones promete manchar no sólo la campaña de Dilma Rousseff, que aspira a su reelección, sino también la de su principal adversaria, la socialista Marina Silva, con quien empata en las encuestas.
La presidenta de Brasil declaró que tomará las "medidas apropiadas" cuando tenga información oficial sobre una supuesta maquinación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Las declaraciones de la mandataria surgieron después de que se dio a conocer que un exdirector ejecutivo de la empresa nombró a más de 40 políticos y al menos un gobernador implicados en el supuesto pago de sobornos millonarios durante la década pasada.
Investigaciones de la Policía Federal brasileña, que fueron enviadas el viernes a la Corte Suprema con documentos escritos en clave y guardados en cofres, sugieren que habría un total de 12 senadores y 49 diputados federales involucrados en coimas. Así lo sostiene el diario Folha de São Paulo, que tuvo acceso a algunos de los papeles secretos, donde sin embargo no se mencionan nombres. La revista Veja, en cambio, afirma que los documentos que vio ese semanario incriminan a tres gobernadores, un ministro y 25 legisladores nacionales, predominantemente de la coalición oficialista: PMDB (Movimiento Democrático Brasileño); PT (Partido de los Trabajadores) y PP (Partido Progresista). La publicación asegura que el ex gobernador Eduardo Campos, muerto en un accidente aéreo el 13 de agosto y a quien Marina Silva sucedió como presidenciable, está entre los políticos que se habrían beneficiado supuestamente de negocios delictivos con la petrolera estatal brasileña. Más precisamente se lo relaciona con la refinería Abreu e Lima en Pernambuco, que comenzó a operar antes de ayer.
La revista brasileña Veja, de Editorial Abril, sostiene que está comprometido el ministro de Energía de Dilma, Edison Lobão. Y también menciona al tesorero de la campaña de la presidenta y un diputado del PT. Varios otros legisladores, como el presidente del Congreso Renan Calheiros y el titular de Diputados Henrique Alves, ambos del PMDB, son mencionados en el artículo publicado este fin de semana.
Según la revista, todo esto surge de la "delación premiada" a la que se acogió un ex director de Petrobras que está preso por evadir una fortuna al exterior. Se trata de Paulo Roberto Costa, que se habría apropiado de 23 millones de dólares, según consta en sus cuentas secretas en Suiza. Costa fue nombrado director en 2004 por una propuesta del PP, una agrupación que entonces –como también ahora– formó parte de la base legislativa y de gobierno de Lula da Silva y de Dilma. Este hombre se habría acogido a la fórmula de la delación a cambio de una reducción de los 50 años de prisión que podrían tocarle por los delitos cometidos.
En 40 horas de relato del ex director, este habría mencionado también al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral y a la gobernadora del estado de Maranhão Roseana Sarney. De hecho, Veja no presentó pruebas documentales del testimonio del funcionario exonerado y preso.
Lo notable es que el sigilo del caso no impidió que la información trascendiera a los medios. Según Folha de São Paulo, los papeles que llegó a ver no revelaban nombres. Veja, en cambio, habría obtenido partes de la documentación con la identidad de algunos involucrados. Según Dilma Rousseff, los hechos denunciados necesitan ser oficiales para hacer una evaluación: "Creo que precisamos datos oficiales de esta cuestión. La propia revista anuncia que el documento fue escrito en clave y guardado en un cofre para su entrega a la Corte Suprema. Me gustaría saber en forma directa cuáles son las informaciones prestadas (por el reo Costa) en su testimonio, y tomaré en ese caso todas las medidas que competan. Pero de ninguna manera actuaré en base a especulaciones", declaró.
En junio pasado, el gobierno suizo entregó a las autoridades brasileñas la información sobre las cuentas que Costa y sus familiares habían abierto en bancos de ese país. A partir de esos datos, la justicia determinó la prisión del antiguo director de Petrobras.
Según el testimonio de Paulo Roberto Costa, los funcionarios estaban presuntamente involucrados en una trama de lavado de dinero y sobornos a partir de contratos de la empresa.
Costa, que se encuentra en prisión en la ciudad de Curitiba mientras es investigado por su participación en la supuesta maquinación, entregó a las autoridades los nombres de los presuntos implicados, en el marco de un acuerdo que hizo para colaborar con la justicia.
Se informó que nombró a un ministro, gobernadores y congresistas miembros del Partido de los Trabajadores (PT), actualmente en el poder, y de otros dos grupos que apoyan a la presidenta Rousseff.
Según el periódico O Estado de São Paulo, Costa contó que políticos y partidos recibían el 3% de comisión, un porcentaje que ya se ha escuchado en otros casos de corrupción en otros países, como el caso que afecta al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su partido CDC, por cada contrato firmado con la Petrobras, cuando él era el director de abastecimiento de esa empresa, en el período 2004 - 2012.
Según la revista, la llamada Operación Lava Jato (lavado de autos) "funcionó a todo vapor en los últimos tres Gobiernos del PT y tenía como objetivo mantener intacta y fiel su base de apoyo en el Congreso Nacional".
Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de la petrolera estatal brasileña Petrobras, donde trabajó durante 35 años, es conocido últimamente en los bastidores de la política brasileña como el "hombre bomba".  Detenido en marzo durante la operación "Lava Jato", contra una red de lavado de dinero, está acusado de malversación de dinero público, así como de destrucción y ocultación de documentos. 
Desde su detención, Costa, reveló la supuesta existencia de una red de sobornos que implicaría a cinco partidos políticos, incluidos los tres que forman el actual Gobierno, así que sus informaciones valen su precio en oro.
El sábado, antes de asistir a un acto de campaña en Sao Paulo, y pocos días después de surgir la denuncia del semanario Veja, Dilma Rousseff dijo a periodistas: "Necesitamos tener información oficial respecto de esta cuestión". Para añadir "No tenía la menor idea de que alguien dentro de Petrobras hiciera algo así".
Según la mencionada revista, Costa nombró a más de 30 funcionarios, la mayoría legisladores del gobernante Partido de los Trabajadores y otros dos partidos que respaldan a Rousseff, pero también tres gobernadores y un ministro como implicados en una supuesta red de lavado de dinero y sobornos entre 2004 y 2012.
Antes de ser presidenta, Rousseff dirigió el consejo administrativo de la paraestatal entre 2003 y 2010 mientras era ministra de Minas y Energía y luego jefa de Gabinete de la Presidencia.
El senador brasileño Pedro Simon insiste desde hace años con crear una comisión que juzgue a los corruptores. Para él la razón principal de las crisis institucionales que sufrió el país, como sufren y han sufrido otros países, es siempre la misma: los corruptores. Éstos son los artífices, e instigadores, de la destrucción de la moral en la política brasileña. Esta peligrosa casta económica y social es la gran lacra que socava los principios éticos de la política en la gran mayoría de países de nuestro planeta.
Los corruptos son siempre los mismos, solo cambian los nombres y apellidos, pero los corruptores, sin embargo, son siempre las mismas sociedades anónimas y grandes corporaciones.
En algunos estados de Brasil, al igual que sucede en otros lugares, la corrupción además de ser un problema endémico, es familiar. Familias corruptas, de generación en generación, o partidos políticos, son siempre socias, compañeras y cómplices de los corruptores, y algunas de ellas con el paso del tiempo, pasan de la categoría corruptas a la de corruptores, por tener negocios con el Estado.
La corrupción es un problema que solo se puede combatir mediante una nueva generación de políticos dispuestos a atacar, y condenar, tanto a los corruptos como a los corruptores.

El exdirectivo de Petrobras Paulo Roberto Costa. / EFE.

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