Bolivia, los linchamientos desvirtúan el sentido de la justicia

El director de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, Eduardo Paz, aseguró ayer martes, que "los linchamientos reflejan la total distorsión de la justicia comunitaria, en alusión a los últimos tres linchamientos registrados la pasada semana en el departamento de Potosí, donde campesinos de esa región enterraron vivo a un adolescente de 17 años y quemaron a otros dos presuntos 'cogoteros' (atracadores)".
El mismo explicaba para una cadena boliviana, "La justicia comunitaria es una práctica de los pueblos ancestrales, los pueblos originarios para ordenar su vida colectiva, para tener normas de convivencia, pero la justicia comunitaria no es atentar inmediata y directamente contra la vida de las personas".
El tema de los linchamientos vuelve estos días a centrar la atención de los medios en Bolivia, y preocupa a las autoridades del país, luego de una semana en la cual siete personas fueron ajusticiadas en los departamentos de Cochabamba y Potosí, según el Gobierno por falencias del sistema de justicia.
Según recoge el periódico boliviano Vanguardia, en su edición digital, "Desde 2008 hasta la fecha 23 personas fueron ejecutadas en todo el país, pero en los últimos días la cifra creció considerablemente (nueve en lo que va de mes), un fenómeno al cual todos le encuentran una explicación diferente".
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en un comunicado de prensa, ante el incremento de linchamientos de los últimos días, recordó que "ese tipo de prácticas no están dentro de la justicia comunitaria, sino por el contrario, son hechos vandálicos calificados como asesinatos por las personas que buscan justicia por mano propia al no tener respuesta de las instancias del Estado".
De los mismos no se salvan ni delincuentes extranjeros en el país, así el mes de agosto del año pasado dos brasileños, Rafael Max Díaz, de 27 años, y Jefferson Castro Lima, de 22, fueron linchados por una turba. Cerca de 300 personas rebasaron a 15 policías y secuestraron a los brasileños, que estaban detenidos en la delegacía local de la policía, para castigarlos, rociarlos de gasolina y quemarlos vivos. Ambos estaban acusados de matar a 3 vecinos en la localidad de San Matías, departamento de Santa Cruz.
El último de los casos ocurrió en Colquechaca, Potosí, cuando una multitud enardecida linchó a un joven de 17 años acusado de violar a una mujer. La multitud llegó hasta el juzgado donde se realizaba la vista, e hizo huir al juez y a los cuatro policías que custodiaban la sala, para sacar por la fuerza al supuesto criminal, a quien secuestraron a golpes.
Santos Ramos fue enterrado vivo en venganza por sospechas de haber violado y asesinado a una mujer de 35 años el pasado domingo en una comunidad indígena vecina del poblado de Colquechaca.
Lo enterraron debajo del ataud donde estaba su víctima, con las manos atadas a la espalda y boca abajo, para que, según la creencia popular, su ajayu o espíritu no pueda salir, posteriormente, para vengarse de sus verdugos.
Ese mismo día, el miércoles de la semana pasada, en otra comunidad indígena quechua de Potosí, enardecidos pobladores lapidaron a un ladrón y quemaron a su cómplice en la comunidad de Tres Cruces.
Ambos habían robado un taxi unos días antes y asesinado al conductor, Julián Mamani, de 45 años y taxista de profesión. Los ladrones fueron capturados por pobladores cuando intentaban vender el vehículo en un poblado vecino. Uno de ellos fue colgado y apedreado, al otro lo quemaron vivo, según informaba para la agencia AP el Ministerio Público de La Paz, capital de Bolivia.
En Ivirgarzama, el domingo 2 de junio seis hombres fueron llevados hasta una pira, en la cual murió uno de ellos, tres sufrieron quemaduras de tercer grado en el 50% de sus cuerpos y dos resultaron heridos leves. Todos fueron acusados de robo, una actitud que los bolivianos no admiten desde tiempos inmemoriales.
La Constitución de 2009 reconoce la justicia indígena, que otorga autoridad a líderes de comunidades rurales a juzgar delitos menores según sus costumbres ancestrales. Pero esa justicia no reconoce la ejecución. Habitualmente castiga a latigazos y en casos más graves expulsa a los supuestos culpables.
Sin embargo las ejecuciones de la última semana, que pone en evidencia las carencias del sistema judicial boliviano, y las fallas del sistema policial, han traspasado las fronteras nacionales y provocado reacciones contrarias en organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Para Juan José Cejas Ugarte, presidente de la Comisión de Justicia Plural, del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, existen numerosos errores en el sistema judicial del país, y comentó que, por ejemplo, "Se ha promulgado la Ley Contra la Violencia a la Mujer, la Ley Contra el Racismo, pero hasta ahora no se ha visto ningún imputado que haya sido procesado y sancionado hasta el final con estas nuevas disposiciones".
En el tema se inmiscuyó hasta la Iglesia católica, dado el alto nivel de población que práctica esta confesión, entre ellos el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, quien pidió en su habitual homilía dominical el cese de tal proceder.
"No es linchando a un adolescente que se hace justicia. No quiero, ni puedo creer que ese menor de edad y otros que estáninvolucrados en actos delictivos sean unos descarriados incorregibles que hay que eliminar", consideró el prelado.
Para determinados pobladores, la total impunidad con la que se mueven los "cogoteros" y otros delicuentes, la falta de medios policiales, los fallos judiciales que permite un "entra y sale" de las delegaciones policiales y salas de justicia de un sinfín de criminales, no deja a determinadas comunidades otra alternativa, que buscar su propia justicia, para no ver las mismas alteradas en su actividad cotidiana.
Sin embargo estos actos van contra los derechos de los individuos que son golpeados, torturados y asesinados sin ningún tipo de representación legal, ni posibilidad de defensa.