El fraude fiscal, con el consentimiento de los gobiernos, lastra la recuperación económica

Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en colaboración con algunos de los más prestigiosos periódicos de diversos países como el británico The Guardian y el consorcio público de medios BBC, el diario francés Le Monde, o el estadounidense The Washington Post, desenterraba el fraude fiscal a nivel internacional, tras un análisis de 2,5 millones de archivos y datos sobre más de 122.000 sociedades en paraísos fiscales. En total, la investigación revela los intereses ocultados en paraísos fiscales de personas y compañías a lo largo de más de 170 países y territorios.
Este es un tema redundante que parece no incomodar a los gestores políticos y económicos, dado que muchos de ellos colaboran activamente en el fraude a sus propios países.
Ante valores como los que se manejan en el informe de la ICIJ, no queda más remedio que cuestionar la actitud real de los gobiernos ante la evasión fiscal. ¿Realmente es un objetivo de los gobiernos evitar el fraude de las grandes corporaciones o fortunas de sus países respectivos? Seguro que ayudaría a mitigar el dolor de la crisis una mayor recaudación impositiva, o ¿debe caer, únicamente, sobre la clase trabajadora en su conjunto, -asalariados, autónomos y empresarios de pequeñas o medianas empresas- el esfuerzo de paliar la crisis económica que estamos padeciendo en diversos países?.
Tras leer diferentes artículos publicados en la prensa internacional sobre el tema, y especialmente al conocer las cifras desveladas por el trabajo de los periodistas para la ICIJ, uno observa que existe una gran tolerancia de los poderes públicos con los paraísos fiscales e inclusive con los defraudadores, poniendo de manifiesto que los políticos son más propensos a perseguir el fraude en pequeña escala, el que puedan hacer trabajadores y pequeñas empresas, que al que realmente podría colaborar en sacarnos del pozo en el que incompetentes y negligentes políticas nos han envuelto.
Bancos, empresas, políticos y nombres de la sociedad civil figuran en los listados que han salido a la luz tras el trabajo de este grupo de periodistas, obtenidos a partir del análisis de 2,5 millones de documentos robados por antiguos empleados de entidades que trabajan en diez territorios, como Singapur, Samoa, las islas Cook o las islas Caimán, todos ellos paraísos fiscales, el último situado bajo la jurisdicción de Reino Unido -es decir, de un miembro de la UE-.
Según The Guardian, se estima que el complejo de islas pueda albergar entre 20 y 32 billones de dólares –entre 15 y 25 billones de euros– pertenecientes a fortunas que en algunos casos han llegado a permanecer ocultas hasta casi 30 años.
El diario suizo Le Matin afirmó que los datos hechos públicos hacen referencia a 122 mil entidades  y afectan a 130 mil personas de 140 países, según indica la página web de Reporteros Sin Fronteras.
La publicación de la identidad de los primeros implicados ha originado terremotos políticos en varios de los países implicados y en Gran Bretaña ha dado aliento a los activistas anticorrupción, que han pedido al primer ministro, David Cameron, que se ponga en marcha de forma inmediata para dinamitar los paraísos fiscales británicos, según publica el diario El País.
La investigación del ICIJ ha contado con la colaboración en Canadá del canal de televisión CBC, que ha informado que existen unos 450 canadienses implicados en la evasión de impuestos.
El parisino periódico Le Monde, colaborador en esta investigación, aseguró que en los próximos días contará detalles de la misma. Entre ellos, cómo los bancos BNP y Crédit Agricole han ayudado a sus clientes a crear sociedades en paraísos fiscales, así como detallará datos ocultos de fortunas como las de la famila Rothschild, los negocios secretos de la hija del ex dictador filipino Ferdinand Marcos o los bienes ocultos del ex ministro francés, e impulsor de las medidas de austeridad en el país, Jérôme Cahuzac, entre otros.
Este informe se añade al descubrimiento, unos meses atrás, de que más de dos mil griegos disponían en Suiza de cuentas sin declarar por un valor cercano a los 2.000 millones de euros, también tras unas filtraciones de un antiguo trabajador de una entidad financiera situada en ese país.
Según un reciente estudio de TaxJustice Network, el fraude fiscal en España podría llegar a algo más de 80.000 millones de euros -coincidentes con los valores que publicó un estudio de la Universidad Pompeu Fabra-, lo que significa más del doble del ajuste que se reclamaba para España, por las agencias de calificación de riesgos, para este ejercicio o, tal y como menciona el informe de esa institución, "la recaudación de estos ingresos tributarios permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país".
Según un estudio de Gestha "la evasión fiscal de las grandes fortunas y grandes empresas supone el 72% del fraude en España, y alcanza los 42.000 millones de euros al año", cifra que pagaría todos los intereses de la deuda pública en 2013. Lo que significa que este es un valor con efectos colaterales de indudable repercusión social y que aliviaría al país de todas las medidas de ajustes que se están imponiendo desde un gobierno colaborador con el delito de fraude fiscal.
Un dato significativo es que la última radiografía anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa reveló que 30 de las firmas que operan en el IBEX-35 (principal índice bursátil español) han duplicado su presencia en paraísos fiscales, lo que representa que en España se deja de ingresar cifras más que notables, en concepto de impuestos, por fraude de las grandes empresas.
Son de sobra conocidos los casos de Starbucks, Amazon y Google, que han visto cuestionadas sus declaraciones impositivas. En el caso de la primera, sus ingresos por la venta de bebidas ascendió a 3.100 millones de libras en los últimos 15 años mientras que ha pagado, tan solo, 8,6 millones de libras esterlinas en impuestos en el mismo período.
Tax Justice Network presentó, ya en noviembre de 2011, un ilustrativo estudio titulado “El coste de la evasión fiscal a nivel mundial”. En el mismo se toma la cifra de PIB declarado por cada país  y los datos estimados del Banco Mundial sobre el tamaño de la economía sumergida. El estudio incorpora los datos de 145 países que representan el 98,2% del PIB mundial. El infome no incorpora los beneficios económicos, estimados de delitos distintos a los tributarios como la venta de armas, contrabando o narcotráfico.
Los países con los mayores valores absolutos -estimados- de pérdidas por fraude fiscal son los siguientes:

1. Estados Unidos (8,6%), 337 mil millones
2. Brasil (39%), 280 mil millones
3. Italia (27%), 238 mil millones
4. Rusia (43,8%), 221 mil millones
5. Alemania (16%), 214 mil millones
6. Francia (15%), 171 mil millones
7. Japón (11%) 171 mil millones
8. China  (12,7%), 134 mil millones
9. Reino Unido (12,5%), 109 mil millones
10. España (22,5%), 107 mil millones.


Según ControlCapital.net: "Las estimaciones a nivel mundial concluyen que la evasión fiscal supera los 3,1 billones de USD ($), es decir, el 5,1% del PIB mundial". 

La falta de medidas por parte de los gobiernos, motivada por una desidia general para resolver el fraude fiscal, el poco interés en una armonización impositiva a nivel global, o para la imposición de tasas progresivas a los movimientos de capitales, etc. definen claramente que los gobiernos son copartícipes de este esquema global de fraudulencias fiscales y que los ciudadanos que los votan sufren las consecuencias de la impunidad en la que se mueven políticos, empresarios y otros y, en consecuencia, son cómplices de un doble delito, uno legal, el fraude al fisco, y el otro social, la indiferencia con el pueblo que gobiernan.